Las repúblicas fallidas latinoamericanas -por no decir “letrinoamericanas”- fuerzan a los hispanoamericanos a una difícil convivencia que degenera en confrontación y violencia. Incapaces de satisfacer las demandas de sus ciudadanos, garantizar un estado de derecho, la prosperidad económica y la paz social, son millones de los que deben abandonar sus hogares hacia otras latitudes en búsqueda de mejores condiciones de vida.
Debido a los escasos recursos económicos, muchas de estas personas deben recurrir, primero, a migrar del campo hacia las ciudades. Pero cuando la crisis nacional en todos los ámbitos es ya insoportable, migrar hacia otros países, vecinos, sobre todo- de fácil acceso-, es la elección más viable.
En el caso del Perú, la ola migratoria venezolana -aproximadamente residen en el país andino entre 800 mil y 1 millón de venezolanos- ha desencadenado pugnas que van desde casos execrables de xenofobia hacia repartidores de comida y vendedores ambulantes, hasta verdaderas guerras entre bandas criminales. Y es que, como ocurre con cualquier éxodo, han llegado al Perú tanto buenos elementos como antisociales que se dedican, entre otras cosas, al robo, la extorsión y la trata de personas.
Si las clases medias fueron las primeras en huir de la dictadura bolivariana gracias a sus ahorros y contactos, son las clases populares las que terminaron en la cola de la diáspora, cargando más que dinero, esperanzas de salir adelante en otro país al que consideran hermano -debido a los discursos de vecindad americana-, barato, o un corredor hacia países más “prósperos” del cono sur como Chile o Argentina.
Una frágil convivencia
La escalada de violencia entre peruanos y venezolanos ha generado alarma en plena crisis sanitaria por el covid-19. El asesinato de un venezolano -Orlando Abreu- a manos de un extorsionador y sicario peruano en la ciudad de Trujillo -al norte del Perú- encendió la mecha de una tensión entre locales y extranjeros que hace mucho iba incrementando. A este hecho le siguió el asesinato del peruano Silvano Cántaro, quien fue lanzado de un puente en Colombia por, presuntamente, un colombiano y un venezolano.
Luego que se viralizara en redes sociales el video que registraba su muerte, docenas de manifestantes se congregaron en Lima y marcharon contra la embajada de Venezuela, pues consideraban que los asesinos eran de esa nacionalidad, quizá debido al acento y la desinformación. El régimen bolivariano denunció que, durante la protesta, la sede diplomática -que actualmente cumple funciones consulares, pues el Perú no reconoce al dictador Maduro- fue atacada con piedras. Los peruanos que participaron en esta manifestación exigieron al presidente transitorio Francisco Sagasti que expulse del país a los venezolanos ilegales y con antecedentes delictivos.
En el contexto del asesinato de Abreu y Cántaro, además se dio la viralización de otros videos en los que se escuchaban lemas como “mata un peruano y limpia el planeta”, así como de bandas criminales que, en un aparente intercambio de amenazas, mostraban sus armas rastrilladas y dejaban mensajes amenazadores por Whatsapp.
Aunque estos videos han provocado la generalización errada entre los peruanos de que los venezolanos están vinculados con la criminalidad, el Instituto de Nacional Penitenciario (INPE) ha señalado que el número de venezolanos con prisión preventiva representa actualmente al 0.09% de toda la población venezolana que radica en el Perú.
Precariedad y desamparo
El golpe del covid-19 ha golpeado el crecimiento económico del Perú, exacerbando la situación de vulnerabilidad en la que vivían cientos de miles de venezolanos que residen en Lima y otras ciudades del país, conduciéndolos a un estado de precariedad extrema, incertidumbre alimentaria y desalojo.
Perú, luego de Colombia, es el segundo país destino para los desplazados venezolanos. Muchos de estos, debido a su situación irregular, barreras legales o administrativas, terminan con empleos informales, expuestos a sufrir explotación y abusos.
Según reportó la Defensoría del Pueblo, 89% de venezolanos residentes en el Perú perdieron su trabajo debido a la pandemia -71% de estos trabajaban en los sectores económicos más impactados por la crisis sanitaria, según el Centro para el Desarrollo Global (CGD) y Refugees International-, el 39% estuvo en riesgo de desalojo de las viviendas que alquilaban, y alrededor de 34 mil emprendieron el viaje de regreso a Venezuela al no contar con los recursos que les permitieran mantenerse en el país.
El gobierno peruano, entonces presidido por Martín Vizcarra -destituido en noviembre por el Congreso por presuntos actos de corrupción-, no hizo nada para apoyar a esta comunidad, como tampoco lo ha hecho por los peruanos en general. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advirtió a finales de 2020 que cerca de 200 mil venezolanos en el Perú necesitaban urgente asistencia alimentaria.
La situación es insostenible. Según CGD, en 2018, mientras 72.5% de peruanos trabajaban en el sector informal, la informalidad entre los venezolanos ascendía a 88.5%. Los migrantes ganaban antes de la pandemia un sueldo 35% inferior al de los peruanos, brecha salarial que se incrementaba entre quienes cuentan con carrera universitaria, quienes cobran un 71% menos.
La segunda ola y las vacunas
El Perú es uno de los países con mayor mortalidad por covid-19 en el mundo, debido sobre todo a la escasez de oxígeno medicinal, camas UCI y una lenta vacunación de parte del Estado peruano. La vacunación, iniciada a principios de febrero, no está exenta de polémicas. Hace dos semanas, una denuncia periodística que evidenciaba que el expresidente Martín Vizcarra se había vacunado clandestinamente con las dosis del ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm, encendió las alarmas de una posible vacunación secreta de altos funcionarios y sus allegados. Tras confirmarse la participación en este procedimiento de las ministras de Salud y Relaciones Exteriores del actual gobierno de Francisco Sagasti, estas renunciaron a sus cargos y actualmente están siendo investigadas por la fiscalía.
La segunda ola del letal coronavirus va dejando hasta el momento más de 45 mil muertos y más de un millón de infectados según cifras del Ministerio de Salud (Minsa), aunque el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) asegura que el número de fallecidos ha superado los 100 mil.
En aras de garantizar una inmunización colectiva, el Perú vacunará contra el covid-19 a los extranjeros residentes, mayoritariamente venezolanos, sin importar que sus documentos no estén regularizados. “La vacunación es universal y gratuita y debemos atender a esas personas”, aseguró la ministra de Comercio Exterior y Turismo Claudia Cornejo.
